El ingeniero Brian Elliot preside el Tribunal de Cuentas de Villa Allende, órgano fundamental en la regulación de la gestión económica del municipio. En diálogo con El Milenio, repasó las distintas labores a las que apunta esta institución estatal, que encabeza hace ya dos años.
Por Ignacio Parisi | ignacioparisi@elmilenio.info
Colaboradores: Fabricio Paganelli, Franco Gastaudo e Ignacio Avín. 4°A IMVA.
Francisco Zabala y Pedro Pedernera. 4°A IENM
[dropcap]“[/dropcap]En general la gente no sabe lo que hace el Tribunal de Cuentas. Suelen tocarnos la puerta para traernos multas, suelen pensar que es el Tribunal de Faltas. Nuestra labor es silenciosa y no es conocida, pero es muy importante”, admite Elliot.
El ingeniero lleva dos años en su cargo, y aún debe afrontar dos más, en una tarea que sin embargo no le era ajena antes de su nombramiento, ya que participó en el Tribunal de Cuentas entre el año 2007 y 2011. Siguiendo esa línea, agrega: “No vengo de la política, decidí empezar por una iniciativa propia, la idea de hacer algo en función de nuestra sociedad, pensando en participar y no quedarme en la queja”.
El control de gastos posee características particulares en cada municipio. Existen municipios más extensos o poblados, como también pequeños y con baja inversión, sin embargo, todos se rigen por leyes que permiten brindar un funcionamiento y ante todo un marco legal, que soporte el presupuesto y las inversiones que efectúa el poder ejecutivo.
En este sentido, Villa Allende posee su propia Carta Orgánica, a la cual se suman todas las normativas provinciales y nacionales vigentes. “El control que se realiza en Villa Allende, es un control preventivo del gasto. Esto implica que antes de que se ejecute una partida de dinero, el Tribunal de Cuentas la verifica. A su vez existe la figura del control posterior, utilizada para gastos ya ejecutados. En muchos tribunales pequeños solamente se realiza este último, pero nosotros efectuamos también un control previo, con el objetivo de que todo gasto sea legal, y por lo tanto no viole ninguna normativa vigente”, asegura Elliot.
El Milenio: ¿Cómo está conformado el equipo de trabajo?
Brian Elliot: Este tribunal está conformado por cuatro personas. Esta es otra particularidad del tribunal de Villa Allende, porque acá está representada la segunda minoría de acuerdo a la cantidad de votos que obtiene en las elecciones. Entonces, estoy yo como presidente, y un primer vocal, ambos pertenecemos al oficialismo, mientras que dos minorías se encuentran representadas por dos vocalías más. Así está formada nuestra planta política, y luego tenemos tres personas más, divididas en tres secretarías, que se reparten las labores administrativas y de coordinación, los aspectos legales, y los financieros. Contamos con profesionales, tenemos un plantel fijo muy bien formado y capacitado para realizar todo el filtro previo, en torno a la documentación que ingresa al Tribunal de Cuentas.
Le llamamos ‘tramite’ a todo lo que entra, sea una orden de pago, de compra, o algún otro tipo de resolución. A esos trámites se les da tratamiento. Al tratarse de un cuerpo colegiado se vota, y los votos pueden ser en conformidad o en disidencia. Cuando algún miembro del tribunal vota en disidencia, debe expresar un fundamento, explicando qué ley o reglamentación vigente se está contrariando o violando.
EM: ¿Por qué es importante que haya representantes de la oposición de este organismo?
BE: Porque de otra forma podría ser tomado como una escribanía para aprobar todo lo que viene del ejecutivo. Acá no funciona así, hemos hecho más de mil observaciones en estos dos años, desde que estoy a cargo. Tenemos un bajo índice de disidencia en el tribunal, pero eso se debe a que nos preocupamos por todos los requerimientos legales, para que la documentación sea la correcta, al igual que el procedimiento y las partidas presupuestales.
EM: ¿Tienen participación desde el tribunal de cuentas en la elaboración del presupuesto anual?
BE: Sí. El presupuesto anual normalmente va al Concejo Deliberante, y a partir de ahí se efectúan tratamientos, lecturas en las que el Tribunal de Cuentas también participa. En nuestro municipio nos acercan el presupuesto y emitimos nuestra valoración. Es responsabilidad del tribunal elaborar un dictamen, que funciona como balance de los ingresos y egresos del municipio. Este es enviado al Concejo Deliberante, que en última instancia le da el marco de legalidad correspondiente y lo aprueba.
Es importante destacar que lo que nosotros emitimos es un dictamen, una opinión. No aprobamos ni rechazamos, sino que como órgano técnico le damos al ejecutivo nuestras observaciones, para que ellos se expidan. En jornadas de capacitación siempre utilizamos el siguiente ejemplo: el Tribunal de Cuentas es un semáforo sin luz roja. Es un verde y un amarrillo. La luz roja no existe, nosotros no tenemos la facultad de rechazar o decir ‘no se puede’.
“En muchos tribunales pequeños, solamente se realiza un control posterior del gasto. Nosotros efectuamos también un control previo, con el objetivo de que todo gasto sea legal, y por lo tanto no viole ninguna normativa vigente”, afirmó Elliot.
EM: Sin embargo, el dictamen que el tribunal elabora sirve para prever el presupuesto.
BE: Exacto. Hay distintas formas de preparar presupuestos. Ahora existe una ley muy interesante, que es la Ley de Responsabilidad Fiscal Federal. A esta reglamentación adhirió la provincia y el municipio lo hará en breve. En la ley se presentan una serie de nomencladores para unificar la elaboración de los presupuestos. La nación necesita saber cuál es la salud financiera de un municipio. Entonces, por ejemplo, si el estado nacional financia el 70% de algún proyecto o programa, y el otro 30% lo pone el municipio, se necesitan una serie de documentaciones y requisitos para aprobarlo. Esta ley apunta a estandarizar esos procesos.
EM: ¿Cuáles son los cambios más importantes que notan a partir de la gestión del actual intendente?
BE: Esta gestión se comprometió con las obras de fondo. Son construcciones de infraestructura que la ciudad necesitaba para funcionar correctamente. Las obras de cloacas, por ejemplo, ya son un hecho. Una cuestión son los gastos de funcionamiento, como puede ser un bacheo o demás tareas de mantenimiento, y otra muy distinta son las obras de infraestructura, que apuntan a un horizonte mucho más largo, y que van a durar sesenta años. Es como una empresa. No necesariamente la empresa más adeudada es la que peor funciona. La idea es que si desde el municipio se toman deudas sean para impulsar proyectos a largo plazo.
